Sepa los detalles del proyecto de indemnización a todo evento que analiza el Gobierno

¿En qué consiste el proyecto de indemnización a todo evento?

A comienzos de enero el Presidente Sebastián Piñera recibió de manos del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, más de 50 propuestas para modernizar el mercado laboral.

Dentro de éstas se planteó la posibilidad de crear un sistema de indemnización por años de servicio alternativo al actual. Una vez que se hizo pública la propuesta, inmediatamente sumó adherentes y detractores.

No obstante, el gobierno continuó su trabajo buscando afinar una propuesta que logre consenso en el Parlamento para su aprobación.

¿Cuáles son los detalles del proyecto que el Ejecutivo estudia presentar próximamente al Congreso? 

La propuesta busca crear un sistema paralelo al actual para el pago de indemnizaciones que sea a todo evento -incluso si el trabajador renuncia- y aun cuando haya trabajado menos de un año en la empresa.

Bajo esta modalidad el trabajador recibiría el equivalente a ½ sueldo por cada año, con un tope de 11 años.

En la actualidad, el empleado tiene el derecho a recibir la indemnización de un sueldo por año, al cumplir al menos 12 meses en la empresa y, siempre y cuando, sea despedido por el artículo 161 del Código del Trabajo (necesidades de la empresa o desahucio del empleador).

Para el financiamiento de la indemnización, los empleadores depositarán en una cuenta individual en el seguro de cesantía, a nombre del trabajador, el equivalente a 4,11% de su remuneración bruta mensual, la que junto a la rentabilidad que obtengan dichos fondos, se pagarán al empleado una vez que termine el vínculo laboral con su empleador.

Para contratos futuros y de común acuerdo

Desde el Ejecutivo reconocen que la viabilidad política de la propuesta depende de la cantidad de trabajadores que queden bajo el paraguas de la nueva legislación una vez que se apruebe.

Por esta razón, el Gobierno propondría que esta nueva modalidad se aplique para los nuevos contratos que se firmen tras la entrada en vigencia de la ley, y solo por el acuerdo entre ambas partes.

Es decir, si el empleador o el trabajador se oponen, el contrato se regirá por el sistema actual.

Con todo, las fuentes consultadas revelan que resta por decidir si el Ejecutivo incorporará esta propuesta en el proyecto de modernización laboral que enviará los primeros días de marzo al Congreso, o seguirá un carril distinto, siendo ingresado como una iniciativa independiente en los próximos meses.