Estamos a casi un mes de cumplirse el estallido de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en nuestro país y el Gobierno anuncia nuevas medidas para estimular la economía.

Según el mismo Presidente de la República, Sebastián Piñera, que dio a conocer el nuevo incentivo la semana pasada, el actual paquete es un complemento a lo ya anunciado el 19 de marzo y que, en ese momento, involucraban recursos por US$ 11.750 millones.

En esta oportunidad las propuestas están enfocadas en apoyar a los independientes y empresas. Dando así prioridad a familias vulnerables y ayudar a las PYMES a través de mayor liquidez.

Los nuevos estímulos para la economía

Apoyo a grupos vulnerables y trabajadores sin contrato

Se creará un fondo de US$2.000 millones, el cual se financiará con reasignaciones de gasto público. Este instrumento beneficiará a cerca de 3 millones de personas, ayudando a crear más empleos para las personas y familias más vulnerables. Especialmente a 2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo y que hoy no tienen la protección del seguro de cesantía.

Adicionalmente, el Gobierno está trabajando en un sistema “permanente” que permita proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios.

Si bien no se dieron detalles al respecto, pues la propuesta no ha sido diseñada 100%, lo que se baraja en el Gobierno es establecer una suerte de fondo para solventar las contingencias de caídas de ingresos o de cesantía para los independientes, el que se solventaría con un aporte inicial del Estado para luego sustentarse con las retenciones de las boletas de los independientes.

Garantías de crédito por US$24.000 millones: créditos a tasa 0

Esta nueva línea de crédito con garantía del Estado permitirá acotar el riesgo de crédito extraordinario generado por el estado de emergencia y facilitará las condiciones para que los bancos presten capital de trabajo a las empresas por un plazo de hasta 48 meses, con un periodo de gracia de hasta 6 meses y por un monto equivalente de hasta 3 meses de venta.

La línea estará disponible hasta el 30 de septiembre 2020

¿Cómo se concretará?

A partir de modificaciones al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (FOGAPE), al que se le inyectarán US$ 3.000 millones para aumentar su capacidad crediticia.

Asimismo, se aumentará el tope de ventas anuales para acceder a dicho instrumentos, desde UF 350 mil por año a 1 millón de UF.

¿Cuáles serán las condiciones para los bancos que usen las garantías?

Los bancos comprometidos a participar en este programa deberán otorgar estas líneas de crédito Covid-19 para capital de trabajo fresco en forma simple, masiva, expedita y a tasas preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos.

Por otra parte, los bancos que presten estos recursos a las empresas beneficiadas, con garantías del Estado, deberán reprogramar todos los créditos preexistentes del deudor beneficiado y postergar toda amortización de sus créditos antiguos hasta que los nuevos préstamos estén íntegramente pagados. Estas medidas permiten dar un alivio a las empresas necesitadas y proteger las garantías otorgadas por el Estado.

¿Qué empresas se pueden acoger a estas garantías?

La garantía que otorgará el Estado dependerá del tamaño de la empresa beneficiada. Para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo. Esta garantía será de hasta 70% para empresas con ventas entre mil 25 UF y 100 mil UF anuales, y de hasta 60% para empresas con ventas superiores a 100 mil e inferiores a 1 millón de UF anuales.

¿Para qué pueden usar los créditos las empresas?

Las empresas beneficiadas deberán utilizar estos recursos para sus necesidades operativas y de capital de trabajo, incluyendo entre otros, pago de remuneraciones, arriendos, proveedores, obligaciones tributarias y otras necesidades para mantener operativas sus empresas durante la emergencia y retomar la normalidad de sus operaciones una vez superada la crisis.

Las empresas beneficiadas no podrán usar estos fondos para amortizar créditos previos con los bancos, pagar dividendos o hacer retiros de capital, hacer préstamos a terceros relacionados ni otros destinos no indispensables.