S&P destaca mejores perspectivas de crecimiento de Chile, pero mantiene clasificación de riesgo

Ha sido uno de los objetivos del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, desde que asumió el cargo en marzo: recuperar en los próximos años la clasificación de riesgo soberana, que Standard and Poor’s (S&P) bajó en julio de 2017 de “AA-” a “A+”.

“Hemos planteado como objetivo recuperar la clasificación de riesgo, y para eso tenemos que hablar, mostrar los cambios que estamos haciendo”, dijo en mayo el ministro Larraín, en una entrevista a “El Mercurio”, consultado respecto a las tareas que estaba realizando para mejorar la imagen del país con los agentes económicos internacionales.

Se mantiene la nota A+

Ayer, la clasificadora de riesgo S&P indicó que “un favorable crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile debería impulsar los ingresos del Gobierno y mejorar el balance fiscal este año, ayudando a estabilizar la carga de la deuda pública”, dijeron.

Sin embargo, por ahora la clasificadora mantuvo una nota “A+” para la deuda en moneda extranjera del país, con perspectiva estable.

Pero ¿qué significa A+?

Esta clasificación se les da a compañías o países a las que la situación económica puede afectar a la financiación. Sin embargo, el símbolo [+] tras la calificación (con un máximo de tres símbolos, por ejemplo BBB++), sirve para evaluar las situaciones intermedias, entendiéndose que a más símbolo positivos, más cerca se encuentra del nivel superior siguiente.

Con todo, S&P afirmó que espera que el gobierno liderado por Sebastián Piñera continúe con una política fiscal basada en reglas y que tome medidas para impulsar las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. Esto, luego de que las razones por las que rebajó la nota el año pasado fueron un bajo crecimiento de la economía y un aumento de la deuda pública.

Parte de las políticas impulsadas por las actuales autoridades, y que estarían en línea con lo planteado por la clasificadora de riesgo, tienen que ver con el objetivo de reducir el déficit fiscal estructural al 1,8% del PIB en 2018, en un intento por estabilizar la evolución de la deuda pública.