Dentro del paquete de medidas a la Reforma Previsional en discusión en el Congreso chileno, el seguro de longevidad es uno de los temas más debatidos. Esta propuesta se entrelaza con el cálculo de las pensiones y la tabla de mortalidad utilizada para determinarlo.
La tabla de mortalidad, que históricamente llega hasta los 110 años, muestra la probabilidad de fallecimiento según edad, género y condición de invalidez.
Las AFP y Compañías de Seguros se basan en esta tabla y en las tasas de interés de mercado para determinar el monto de pensión. A grandes rasgos, mientras mayor sea la expectativa de vida, menor será el monto de la pensión.
Las estadísticas revelan que un hombre de 65 años tiene mayor probabilidad de fallecer a los 85 años, mientras que para una mujer que se pensiona a los 60 años, esta expectativa se extiende a los 90 años.
Dada esta realidad, surge el cuestionamiento sobre la pertinencia de mantener la tabla de mortalidad hasta los 110 años y se analiza el impacto de limitarla a las edades anteriormente señaladas. Esta propuesta incluye la implementación de un Seguro de longevidad para quienes superen los 85 y 90 años, respectivamente.
Para evaluar la pertinencia de este seguro, abordaremos tres preguntas claves:
Estudios demográficos del INE de 2021 muestran que la población de 85 años y más crece anualmente. Al comparar datos entre 1992 y 2021, es evidente que el número de personas elegibles para el seguro de longevidad es creciente. Estos datos, complementados con otros gráficos y cuadros estadísticos, sugieren que el seguro, debido al riesgo inherente de superar dicha edad, sería significativamente costoso. Estudios proyectan un incremento en las cotizaciones: 1,21% para hombres y 1,62% para mujeres.
Desde 1992 hasta 2021, la población mayor de 80 años en Chile experimentó un crecimiento de cerca del 300%, y del 2011 al 2021, este aumento ha sido del 46%. Si el seguro de longevidad fuese financiado estatalmente, se estima un costo de USD$ 1.114.426.646 hasta 2030 y de USD$ 3.873.431.492 hasta 2050, representando entre el 0,37% y 1,3% del PIB.
Una proyección muestra que, en algunos casos, el monto de la pensión en modalidades de Retiro Programado y Renta Vitalicia se agotaría antes de los 85 años. En la Renta Vitalicia, no se requiere de ajustes adicionales puesto que a los 80 años, el capital asignado a la Compañía de Seguro ya sería consumido.
Con estos datos en mano, concluimos que un seguro de longevidad sería económicamente demandante. A medida que la población envejece, este costo se incrementaría sustancialmente, tanto por el volumen de personas como por el riesgo asociado.
No está claro quién absorbería este gasto. Considera que, con la existencia de la Renta Vitalicia, que cubre el “riesgo” de sobrevida y mantiene constante el valor de la pensión, tal vez no sea necesario un seguro adicional de longevidad.
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